Alan García ya tiene nueve días refugiado en la residencia del embajador de Uruguay, el último fin de semana congresistas de Frente Amplio y del Apra viajaron hacia ese país, los primeros para explicar porque no se le debe dar el asilo, y los segundos para asegurar que el ex presidente es un perseguido político. Mencionan que hay documentos que revelarían cuales serían las empresas que habrían financiado y pagado las millonarias conferencias que realizo García luego de dejar el cargo en su segundo gobierno, cuyos pagos oscilaban entre los 50 mil y 100 mil dólares, por una hora de ponencia, lo que lo ha puesto en la mira de la Fiscalía. Según la Fiscalía, Alan García habría simulado un contrato con la empresa del abogado brasilero Américo Espinola, con el fin de ocultar el dinero ilícito proveniente de la caja 2 de la empresa Odebrecht. Las empresas que habrían organizado algunas de las conferencias serían Elektra y el Banco Azteca, la cual en el gobierno de García ganaron el permiso de la SBS para entrar al mercado peruano y poner más de 150 agencias bancarias del Grupo Salinas de México. Otra empresa sería Endesa, la mega empresa española de energía subsidiaria de Enel. El congresista Víctor Andrés García Belaunde indica que el Banco Azteca es un banco usurero y mentiroso que ha sido rechazado en casi todos los países de américa latina, pero logró ingresar al Perú en el gobierno del Apra, indica que los intereses anuales son elevados, sin embargo la SBS y el Banco Central de Reserva no se pronuncian al respecto, cuando en otros países se irían presos. El legislador Roberto Vieira indica que dicho banco cobra los intereses que quiere porque la SBS no hace bien su trabajo, y permite que los peruanos vivan endeudados. Sobre el pedido de asilo del ex mandatario, Roberto Vieira indica que hablar de persecución política afecta a las inversiones del país, lo que va a generar más pobreza. Por su parte, García Belaunde señala que Uruguay tiene una tradición de otorgar asilos, esto a pesar de que el caso de corrupción de Odebrecht es internacional, pero se debe dejar que Uruguay decida. Milagros Leiva menciona que José Graña está hace treinta días en Madrid, sobre esto García Belaunde índica que le preocupa que exista una justicia selectiva, tal como parece que ha pasado también en el caso Chincheros que también está cargo del fiscal José Domingo Pérez.