El Pleno del Congreso aprobó el proyecto que prohíbe a los condenados por terrorismo o por apología del terrorismo trabajar en la función pública. Además, se aprobó la medida que otorga facultades al Ejecutivo en temas de la reconstrucción del país. Igualmente, se aprobó otorgar facultades investigadoras a la comisión de educación para que indague sobre algunas irregularidades en la Sunedu.