La bancada de Fuerza Popular han iniciado una violenta ofensiva contra las instituciones democráticas. La semana pasada aprobó denunciar constitucionalmente a 4 miembros del Tribunal Constitucional, esta semana enfiló sus baterías planteando la destitución del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. La Comisión de Constitución aprobó un informe en el que establece que el mandatario está obligado a comparecer ante la Comisión Lava Jato. PPK aclaró mediante un documento su participación en la adjudicación de la Carretera Interoceánica a la empresa Odebrecht. El abogado constitucionalista, Aníbal Quiroga, se pronunció sobre el tema y dijo que el Jefe de Estado tiene inmunidad y no puede ser procesado durante su mandato. La congresista Úrsula Letona, descartó que exista un interés de su bancada para la vacancia del presidente Kuczynski. El ex Procurador Anticorrupción, José Ugaz, aseveró que quienes impulsan esta destitución de magistrados del TC lo que quieren es reeditar los capítulos del pasado fujimorista de los noventas. Ugaz señaló que llama a suspicacia que Salaverry aparezca vinculado a los intereses de un socio como Joaquín Ramírez a quien la DEA está investigando por tráfico de drogas. La vicepresidenta del TC, Marianella Ledesma, aseveró que los magistrados son independientes y que nadie puede interferir en causas que están en giro. Para el fujimorismo, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debió presionar a los fiscales del caso Lava Jato para que se incluya a Graña y Montero y otras empresas en el proceso. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que no va a dejar que se vulneren sus derechos, su imagen y su reputación. Fujimori anunció acciones penales contra el diario El Comercio por difamación. El Secretario de Fuerza Popular, José Chlimper, negó en el programa Agenda Política que se esté buscando vacar al presidente Kuczynski y dijo que es testigo de excepción cuando Keiko le dijo que se opondría a una vacancia presidencial. El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, rechazó la denuncia presentada en su contra por el congresista Daniel Salaverry y dejó en claro que él no dirige el trabajo de los fiscales y que ellos son autónomos en la forma de investigación. Subrayó que ellos investigan a personas y no a partidos políticos y descartó que exista una persecución política. La lideresa de FP, Keiko Fujimori, afirmó que el Fiscal está preocupado por haberse hecho de la vista gorda y no haber investigado a Graña y Montero, pese al tiempo transcurrido. Castro también se refirió a la demora de la acusación fiscal en el caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala. El Fiscal del caso Lava Jato, Hamilton Castro, aseveró que sí existe una investigación contra las empresas consorciadas entre ellas Graña y Montero. Recordó que el señor Barata dijo que las empresas consorciadas tenían conocimiento de los pagos ilícitos de Odebrecht en 2 grandes obras de infraestructura vial. Respecto al caso de Alejandro Toledo, Castro manifestó que cuando salió del país no habían elementos de juicio suficientes y no había ninguna medida restrictiva en su contra. Castro subrayó que las dificultades para su extradición están vinculadas con los estándares del ordenamiento jurídico norteamericano. Indicó que antes de que finalice el año van a presentar el requerimiento de extradición de la Fiscalía.