Esta semana se presentó una denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por parte del congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, quien argumenta que no se incluyó a las empresas socias de Odebrecht en las investigaciones. En tanto, se destaca que el fiscal anticorrupción del caso Odebrecht, Hamilton Castro, es el encargado de traer al Perú al expresidente, Alejandro Toledo, de investigar las coimas del Metro de Lima y los sobornos de Odebrecht a presidentes regionales. Además, se indica que existe una gran presión de la bancada fujimorista contra la Fiscalía y que Castro deberá responder sobre Graña y Montero y Toledo. Por su parte, el fiscal anticorrupción del caso Odebrecht, Hamilton Castro, manifiesta que sí se investiga a las empresas consorciadas a partir de las declaraciones de Jorge Barata y que está demorando el proceso porque se tiene que verificar información bancaria. Además, la congresista, Yeni Vilcatoma, asevera que al no incluirse a Graña y Montero en la investigación junto al exmandatario, Alejandro Toledo, se está dando tiempo a la consorciada para que contrate a una empresa que le haga una autoauditoría. La auditoría de Graña y Montero precisa que no identificó evidencia que el personal de la compañía participó o tuvo conocimiento en actos de corrupción. También, el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, considera que el exmandatario, Alejandro Toledo, está prófugo por el mal trabajo de la Fiscalía de la Nación en el caso Ecoteva. “Nosotros venimos trabajando de manera responsable en la ruta del dinero, por tanto, puedo informar que antes de que termine el año el requerimiento de extradición con la línea de lavado de activos estará en el despacho del juez de la investigación preparatoria”, precisó.