El lunes el Ejecutivo emitió un decreto de ­urgencia con el objetivo de que quienes hayan cometido actos de corrupción salgan de los grandes proyectos de inversión sin que estos sufran demoras y que, a su vez, se cautele el pago de reparación civil al Estado.  El decreto es aplicable a las personas jurídicas que ­ hayan sido condenadas por delitos contra la ­ administración pública, lavado de activos o equivalentes, las que hubiesen admitido o reconocido la comisión del delito o personas jurídicas vinculadas a las dos ­ primeras [verpieza En detalle]. Quienes calcen en este grupo, temporalmente, no podrán realizar ­ transferencias al exterior de sus ­ capitales de las inversiones en el país ni de los dividendos, las utilidades provenientes de su inversión, disfrute de bienes ubicados en el país, de las regalías, entre otros. Además, cualquier ­ interesado en comprar bienes, acciones u otros valores de las empresas que hayan cometido el delito deberá presentar una solicitud de interés escrita al Ministerio de Justicia y Derechos ­ Humanos. Quienes no sigan este procedimiento y no ­ hagan el depósito correspon- EN DETALLE ? Cualquier persona ­ jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del 10% de las acciones ­ representativas del capital social o tenedor de ­ participaciones sociales o que directa o indirectamente participe en dicho porcentaje en la propiedad de esta, ya sea directamente o a través de subsidiarias. _ Cualquier persona que ejerce un control sobre ­ esta y las otras personas ­ sobre las cuales aquella ejerce también un control. ?Cualquier persona ­ jurídica o ente jurídico de un mismo grupo económico. nistrado por el Banco de la Nación- será determinado por el procurador público que corresponda. En caso de que hubieran ­ excedentes sobre esa venta, estos se los quedaría la empresa que vendió el activo. Los fondos del ­ fideicomiso ?servirán para atender el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado y que establezcan los órganos jurisdiccionales ­ correspondientes?, señala el decreto. ?¿Se soluciona el problema? Si nos remontamos al caso del gasoducto sur peruano, el "pero" que mantenían los interesados en comprar la participación de Odebrecht en el proyecto era la ­ cláusula anticorrupción. Esta ­ establece que, en caso de que se encontrara evidencia de corrupción durante la ­ adjudicación o ejecución del proyecto, este regresaría al Estado. Dado que Odebrecht ya había confesado el pago de coimas en el Perú, ningún inversionista quiso asumir el riesgo y comprar su ­ participación Hoy, el Ministerio de Transportes y ­ Comunicaciones (MTC) ha establecido que todos los contratos de concesión deberán contar con esta cláusula. Mediante este decreto, esa situación no se ­ soluciona, afirma Paul Galarza, ­ asociado senior del área Penal del Estudio Muñiz, ya que ­ este busca normar un ­ momento posterior, cuando ya se ha probado el hecho de ­ corrupción, por lo que no resolvería el dilema.  Bajo este ­ supuesto, ?si es que hay una ­ concesión cuestionada, el nuevo inversor que quiere entrar se lava apensarmuchas veces?, afirma el abogado.^ BUENASEÑAL H20Imos continuará con la venta de acciones diente en el Fideicomiso de Retención y Reparación (FIIR), serán considerados responsables solidarios con los que cometieron el ­ delito. ? Definición de la reparación? El porcentaje de la venta que será destinado al FIIR -que será creado por el ­ Ministerio de Justicia y administrado por el Banco de la Nación- será determinado por el procurador público que corresponda.- El consorcio H 2 Ohnos, que opera el proyecto Olmos y cuyo acdonistamayoritario es Odebrecht Partidpa9Óes e Investimentos, ha ­ manifestado su intendón de ­ continuar con la venta de acdo- nes ?a favor de Perú Water Holding I, Suez Holding ­ Perú y BIFII Perú H z O Equity Aggregator LP, siguiendo el procedimiento estableado en dicho decreto de urgen ­ cia, garantizando asílaconti- nuidad delproyecto Olmos? indicó el consordo en un ­ hecho de importanda. Esta sería una buena ­ señal a pesar de las dudas ­ sobre la norma. Alex Alvara- do, socio fundador de ­ Activa Partners, afirma que el decreto da una señal al mercado de que existe ­ interés por continuar con las inversiones.El proyecto Olmos es operado por el consorcio fbimado por Odebrecht Particípaqdes e Investimentos, como accionista controlador, y Constructora Norberto Odebrecht